Cuatro años de recortes en la enseñanza y ahora buscan culpables
ARTÍCULO EL DIARIO.ES (6/11/2015)
José Ramón Merino Pacheco. Miembro del Secretariado Regional del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC)
En la historia de los sistemas educativos
contemporáneos, pocos casos habrá de involución tan evidente como la que
ha sufrido la enseñanza, particularmente la enseñanza pública, en la
legislatura que está a punto de terminar. El balance del cuatrienio
2011-15 nos deja un descenso notable en los presupuestos dedicados a la
Educación, decenas de miles de profesores menos en las aulas, que deben
atender a más de un millón de alumnos más que los que había en nuestros
centros hace cuatro años.
Profesores que han atendido
clases, por lo tanto, más masificadas, mientras disminuía su salario,
empeoraban sus condiciones laborales, aumentaba de manera exponencial la
precariedad.Las sustituciones han dejado de cubrirse durante largos periodos de tiempo; se han dejado de financiar proyectos que los colegios e institutos han llevado a cabo; se han cerrado centros de formación del profesorado, mientras disminuían las becas entre el alumnado para libros, para poder seguir estudiando e, incluso para comer, entre un largo etcétera. Además, se ha aprobado una Ley Orgánica contestada unánimemente por familias, profesores, estudiantes y la sociedad en general. Una ley elitista y segregadora que no tiene parangón en ninguno de los países de nuestro entorno y que el partido en el Gobierno ha sacado adelante sin consenso alguno, con sus únicos votos y con todo el resto de partidos políticos en contra.
Es evidente que sin el esfuerzo del profesorado, las consecuencias de las políticas educativas tan irresponsables que hemos sufrido durante estos cuatro años habrían sido nefastas para nuestros jóvenes y, por lo tanto, para el futuro del país.
Pues bien, a pesar del desolador panorama descrito, y a
pesar de lo que dicen todos los informes a los que algunos teóricos
citan con frecuencia (OCDE, Informe Mckinsey, Informe Talis, PISA,...
etc) -"No hay ningún sistema educativo que haya avanzado con una
disminución de medios”-, no parece que la enseñanza pública en España se
haya desplomado en estos cuatro años. Al contrario, las familias siguen
confiando en ella (no sólo ha aumentado en términos absolutos el
alumnado, también ha ganado proporcionalmente terreno a la
privada-concertada). Del último informe PISA publicado (en 2013) se
puede deducir un estancamiento, nunca un retroceso, e incluso algunos
indicadores, como la tasa de abandono y fracaso escolar, han mejorado.
Es evidente que sin el esfuerzo del profesorado esto no habría sido así
y las consecuencias de las políticas educativas tan irresponsables que
hemos sufrido durante estos cuatro años habrían sido nefastas para
nuestros jóvenes y, por lo tanto, para el futuro del país.
Pero en una pirueta con tintes electoralistas, que
supone un insulto a la inteligencia y a la memoria reciente, el Partido
Popular, después de haber pagado al ministro Wert los servicios
prestados con un retiro dorado y haberle sustituido por alguien más
diplomático, pretende dejar como último legado la elaboración del Libro
Blanco sobre la profesión docente, encargado al filósofo José Antonio
Marina, poniendo a los docentes en la "picota" al señalarles como
principales responsables del supuesto fracaso escolar de nuestro país.
Igualmente lamentable es la postura que defiende Marina. Decir, como ha
señalado el filósofo en declaraciones a la prensa estos días, que "los
docentes españoles no están formados en absoluto" es de una falsedad y
de una indecencia difícilmente igualables. Como lo es que señale que se
debería cambiar el sistema de contratación del profesorado: "Debería
haber un procedimiento para que los directores pudieran seleccionar a
una parte del profesorado dentro del funcionariado", indica al tiempo
que se le ve el plumero cuando elogia a los centros privados "que casi
siempre consiguen tener éxito seleccionando y manteniendo a los buenos
profesores, cosa que sólo pueden hacer los colegios privados y
concertados, dado el carácter funcionarial del profesorado de la escuela
pública".
Resulta escalofriante pensar dónde nos llevarían los
postulados de Marina de ponerse en práctica. Desde luego, muy lejos de
la inmensa mayoría de los países europeos, en donde la enseñanza privada
no escolariza ni al 10% del alumnado. Y, desde luego, a un retroceso en
los niveles de aprendizaje, que -según el informe PISA- se ven
lastrados en España por la enseñanza privada concertada: En el último
informe PISA se señala que "en los niveles socioeconómicos más modestos
los alumnos españoles obtienen mejores resultados que los del promedio
OCDE y que la mayoría de los países seleccionados; es decir, en los
centros que escolarizan a estos alumnos el sistema educativo español
ofrece mejores resultados relativos que en los equivalentes de la OCDE.
Sin embargo, en los niveles socioeconómicos más favorecidos los
resultados son más modestos que los de la OCDE".
Por
tanto, la enseñanza pública, que escolariza a la inmensa mayoría de los
alumnos pertenecientes a familias con menos recursos económicos, está
por encima de la media y son los centros privados los que lastran el
resultado global. Es otra servidumbre que pagamos con el mantenimiento
de la doble red sostenida con fondos públicos. Pero parece que esto
Marina no lo tiene en cuenta. Quizás ahora se entienda mejor por qué el
Partido Popular le ha hecho este encargo "fin de legislatura".
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